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Un funcionario del Centro Penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María, resultó herido el pasado sábado 31 de octubre tras sufrir una violenta agresión por parte de un interno que, según denuncia el sindicato TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar), lo agarró por el cuello, presuntamente con intención de asfixiarlo, y le propinó cabezazos y patadas mientras era trasladado a Enfermería.
Los hechos ocurrieron sobre las 12:30 horas y tuvieron como protagonista a un recluso del módulo 14. El trabajador agredido sufrió lesiones que requirieron asistencia sanitaria, según recoge el comunicado difundido este lunes 2 de noviembre por la organización sindical.
El sindicato advierte de que el incidente estuvo precedido por otro episodio violento protagonizado por el mismo interno apenas un día antes.
Un día antes había intentado agredir a un médico
Según el relato de TAMPM, el viernes 30 de octubre el recluso sufrió un supuesto desvanecimiento que motivó su traslado a Enfermería. Durante la asistencia se habría abalanzado sobre el facultativo que lo atendía con intención de agredirlo.
A la mañana siguiente volvió a presentar un episodio que requirió valoración médica. Los servicios sanitarios habrían concluido que se trataba de una simulación, por lo que regresó a su módulo.
Poco después se produjo un nuevo episodio, aparentemente compatible con una crisis epiléptica, que motivó otro traslado a Enfermería. Fue durante ese desplazamiento cuando, según la denuncia sindical, el interno atacó por sorpresa al funcionario.
Tras la agresión, el recluso quedó sometido al régimen de limitaciones regimentales previsto en el artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario.
TAMPM cuestiona que no se adoptaran medidas preventivas desde el primer incidente, cuando el interno ya había mostrado una conducta presuntamente violenta hacia el personal sanitario.
El sindicato reclama aplicar la nueva condición de agentes de la autoridad
La organización subraya que los hechos se han producido apenas dieciséis días después de la entrada en vigor, el pasado 15 de octubre, de la Ley Orgánica 4/2026, de 13 de octubre, que, según señala el comunicado sindical, reconoce a los funcionarios penitenciarios la condición de agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones.
TAMPM considera que esta reforma debe traducirse en una protección jurídica efectiva y reclama que la agresión sea perseguida con la calificación penal que corresponda a un posible delito de atentado contra agente de la autoridad.
Asimismo, exige que la Administración penitenciaria proporcione al trabajador afectado respaldo jurídico e institucional y garantice, cuando proceda, el resarcimiento de los daños sufridos.
La eventual calificación penal de los hechos corresponderá, en cualquier caso, a las autoridades judiciales competentes.
La falta de personal sanitario agrava los riesgos
El sindicato vincula este incidente con la escasez de médicos y profesionales sanitarios en los centros penitenciarios, una situación que, a su juicio, perjudica tanto la atención a las personas privadas de libertad como las condiciones de seguridad de los trabajadores.
La organización sostiene que los traslados motivados por episodios médicos, reales o presuntamente simulados, pueden convertirse en situaciones especialmente delicadas para los funcionarios encargados de acompañar y custodiar a los internos.
Ante esta situación, TAMPM reclama más medios humanos, una asistencia sanitaria suficiente, medidas inmediatas frente a comportamientos violentos y un mayor respaldo institucional a los profesionales penitenciarios.
La organización considera necesario anticiparse a las situaciones de riesgo y evitar que las medidas de protección se adopten únicamente después de producirse una agresión.
El sindicato insiste en que la seguridad de quienes trabajan en las prisiones debe constituir una prioridad para la Administración y reclama actuaciones preventivas que permitan desarrollar sus funciones con las garantías necesarias.
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