La Justicia archiva la causa contra Jesús Garay y deja en evidencia los excesos de la oposición

Durante más de dos años, Jesús Garay ha soportado el desgaste personal y político de aparecer vinculado a una investigación por presunta corrupción en la prisión de Puerto III. La oposición aprovechó su situación judicial para exigir responsabilidades, cuestionar su honradez y alimentar una controversia que trascendió ampliamente los juzgados.

Ahora, la Audiencia Provincial de Cádiz, mediante un auto firme de 15 de octubre de 2026, acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Garay y señala que su única intervención conocida, una consulta sobre la situación de un interno, no constituye delito alguno. La resolución añade que no consta presión ni insinuación para obtener un trato de favor.

Y ante semejante pronunciamiento judicial, cabe preguntarse: ¿dónde quedan ahora quienes exigieron su dimisión y pusieron públicamente bajo sospecha su integridad?

Vox, a través de Mauricio Mauri, llegó a hablar de los “tejemanejes del teniente de alcalde”; Javier Botella cuestionó públicamente la defensa jurídica del concejal y el posible empleo de recursos municipales; PSOE e IU también participaron en la controversia política, mientras medios como Diario de Cádiz dieron amplia difusión a las investigaciones y a las acusaciones de la oposición.

Informar, fiscalizar y exigir explicaciones es legítimo. Lo que resulta difícilmente justificable es convertir una investigación en una condena pública anticipada y no conceder después la misma relevancia al archivo judicial.

El viejo refrán de “difama, que algo queda” no puede convertirse en una forma habitual de hacer política.

Recientemente y sin ir más lejos, el edil Botella anunció en sus redes sociales la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz, en la que pretende relacionar la asistencia del alcalde a la final del Mundial de Fútbol con la financiación pública de competiciones de fútbol playa celebradas en la ciudad. El concejal habla de una supuesta relación causal entre ambas circunstancias y señala el patrocinio de acontecimientos deportivos desde la Diputación Provincial o la empresa municipal Avanza El Puerto, algo que el alcalde ha desmontado de raíz, demostrando documentalmente que todos los gastos los pagó de su bolsillo, con facturas y cargos en su cuenta.

Por no hablar del acoso hacia Germán Beardo por parte de la cabecera de Joly mintiendo sobre unas investigaciones de la Guardia Civil que no han tenido como objeto, ni al alcalde ni a los contratos de patrocinio de la Diputación de Cádiz.

Desde 2019, el Gobierno municipal de Germán Beardo ha afrontado una intensa confrontación política y judicial, con controversias que han afectado además de al primer edil y alcalde de la Ciudad, a Jesús Garay, David Calleja y Javier Bello. Cada caso debe valorarse conforme a sus propias resoluciones, pero ninguno justifica convertir la sospecha en un instrumento permanente de desgaste personal.

La oposición tiene todo el derecho a fiscalizar al Partido Popular. Lo que no tiene es derecho a presentar sospechas como hechos probados ni a desentenderse de las consecuencias de sus palabras cuando los tribunales dictan resoluciones favorables a los investigados.

Vox, PSOE, IU y Javier Botella deberían revisar públicamente sus acusaciones y pedir disculpas por aquellas expresiones que excedieron la crítica política legítima. Y los medios que dieron notoriedad a la investigación, incluido Diario de Cádiz, deberían informar del archivo con idéntico rigor y relevancia.

La resolución no es una sentencia absolutoria ni cierra la investigación general sobre Puerto III, pero sí deja fuera provisionalmente de ella a Jesús Garay porque la Audiencia no aprecia delito en su actuación conocida.

La política municipal necesita menos insinuaciones, más responsabilidad y respeto por la dignidad de quienes desempeñan una función pública.

Porque ni la discrepancia política autoriza el desprestigio personal ni trabajar por El Puerto debería obligar a soportar una condena mediática antes de que hablen los tribunales.