Detenido el dueño de un kebab de El Puerto por por explotación laboral y favorecimiento de la inmigración irregular

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María - Puerto Real, han procedido a la detención de un hombre, como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular.

La actuación se enmarca en la denominada Operación Naturke, cuya investigación se inició el pasado mes de enero tras diversas inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro establecimientos de comida rápida tipo kebab ubicados en las localidades de El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos propiedad del investigado.

Durante dichas inspecciones, los agentes localizaron a cinco ciudadanos extranjeros de origen pakistaní en situación irregular, que se encontraban trabajando en los establecimientos. Estas personas fueron detenidas por infracción a la Ley de Extranjería, tramitándose los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión.

Fruto de la investigación, se logró acreditar que los trabajadores se encontraban sometidos a condiciones de explotación laboral, siendo obligados a realizar jornadas abusivas sin días de descanso, bajo un constante control mediante cámaras de vigilancia instaladas en los locales. Asimismo, sufrían un trato degradante, con insultos y amenazas continuadas, percibiendo salarios muy inferiores a los legalmente establecidos. Todo ello se producía aprovechando su situación de vulnerabilidad al encontrarse en situación administrativa irregular en España.

Paralelamente, los agentes investigaron al empresario por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Según se pudo comprobar, el detenido tenía empadronados, tanto en activo como en histórico, a un total de 34 ciudadanos extranjeros en dos domicilios de su propiedad y otros dos alquilados, sin que residieran realmente en ellos. Esta práctica tenía como finalidad facilitar el arraigo necesario para su regularización administrativa en España, presuntamente a cambio de dinero o mediante su explotación laboral en los citados establecimientos.

Asimismo, se detectó que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados, pese a encontrarse en situación regular, figuraban dados de alta en la Seguridad Social en los negocios del investigado sin desempeñar actividad laboral efectiva. Por otro lado, otros ciudadanos en situación irregular trabajaban en los locales sin estar dados de alta.

Las cantidades económicas exigidas por el investigado a cambio de facilitar el arraigo en España y un contrato de trabajo, con el objetivo de obtener la regularización administrativa, oscilarían entre los 6.000 y los 8.000 euros.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.