El Ayuntamiento vuelve a buscar soluciones para el Vaporcito del Puerto

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María lamenta profundamente el estado en el que ha amanecido el vapor Adriano III tras las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados durante el pasado fin de semana.

Conviene recordar que el Adriano III es un Bien de Interés Cultural (BIC) de titularidad privada, perteneciente a la Asociación de Amigos de El Vaporcito, y que se encuentra ubicado en suelo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por lo que el Consistorio no ostenta competencias directas de intervención sobre el bien ni sobre su emplazamiento.

Aun así, desde hace mucho tiempo, este Ayuntamiento viene instando de manera reiterada a todas las partes implicadas —propiedad, Autoridad Portuaria y administraciones competentes— a consensuar una solución definitiva que permitiera trasladar, proteger y dignificar los restos del barco, tanto por motivos de seguridad pública como por el valor simbólico y patrimonial que representa para la ciudad y para la Bahía de Cádiz.

Es justo reconocer el esfuerzo realizado en su momento por la asociación propietaria para tratar de recuperar el barco. Sin embargo, diversos factores ajenos a la voluntad de la propiedad —como la pandemia, el estado estructural de la embarcación y la falta de respuesta suficiente a las iniciativas impulsadas— dificultaron alcanzar el objetivo final de su restauración.

Desde primera hora de hoy, el Ayuntamiento ha vuelto a instar formalmente a las partes responsables a que actúen con carácter urgente para la retirada y aseguramiento de los restos, ante la previsión de nuevos episodios de lluvias durante esta semana y el riesgo que ello supone. Asimismo, nos consta que tanto la Junta de Andalucía como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ya están trabajando de manera coordinada para abordar esta situación.

El Ayuntamiento de El Puerto ha colaborado en todo momento dentro del marco legal de sus competencias y continuará haciéndolo, pero debe insistir en que no puede actuar directamente sobre bienes privados ni intervenir sin autorización expresa de las administraciones y entidades titulares competentes.