Abogados y procuradores se manifestarán en Madrid exigiendo pensiones dignas

Abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, químicos y otros profesionales liberales han convocado una manifestación masiva para el próximo 27 de septiembre en Madrid con el fin de denunciar la situación crítica en la que se encuentran después de cotizar durante décadas a sus mutualidades profesionales. Muchos de ellos reciben pensiones que apenas alcanzan entre 300 y 500 euros al mes, sin pagas extraordinarias, sin actualización conforme al IPC y con un sistema de capitalización individual que se agota con el fondo del propio mutualista.

La movilización, impulsada por la Plataforma Pasarela al RETA, surge ante la ausencia de soluciones por parte del Estado tras años de protestas y negociaciones. La plataforma, integrada por organizaciones como ALA, Marea Negra, el sindicato VENIA, #J2 Altermutua, #J2 Provinciales y #J2 Arquitectos, reclama que estos profesionales autónomos puedan incorporarse al sistema público de pensiones del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). La delegada sindical en Cádiz del sindicato VENIA, Flora Alcaraz Vera, es quien traslada las reivindicaciones de esta plataforma.

Las mutualidades profesionales funcionaban desde su creación bajo un modelo solidario de reparto. Sin embargo, a partir de los años 80 fueron transformadas en aseguradoras privadas controladas por la Dirección General de Seguros y se pasó a un sistema de capitalización colectiva, que para el mutualista no supuso cambio alguno ya que conservaba sus aportaciones y prestaciones definidas. Pero a partir de 1995, se estableció la necesidad de que las diferentes mutualidades cambiaran al sistema de capitalización individual. En Mutualidad de la Abogacía esto se produjo en 2005. Este cambio eliminó las prestaciones garantizadas y la base solidaria, dejando a miles de profesionales en una situación precaria. En 1996 se permitió, también elegir entre la mutualidad y el RETA, pero quienes optaban por la Seguridad Social perdían lo acumulado en su mutualidad, lo que disuadió a muchos de cambiar de sistema.

El Informe Mercer de 2005 ya calificó este modelo alternativo como fallido e insostenible, al no garantizar pensiones suficientes. A pesar de ello, el Estado lo mantuvo vigente, obligando a generaciones de profesionales a cotizar a un sistema deficiente, sin control efectivo por la  Administración. La situación es aún más grave para las mujeres, cuyas pensiones son más bajas debido a interrupciones en sus carreras y periodos de cotización más cortos, sin que ni mutualidades ni Estado hayan corregido esta desigualdad.

Actualmente se tramita una propuesta legislativa para facilitar la pasarela al RETA, pero la Plataforma denuncia que excluye a los jubilados y a quienes ya perdieron derechos al cambiarse antes. Reclaman un trato justo, similar a otras integraciones previas. Aseguran que no piden privilegios, sino igualdad y no discriminación.

La manifestación del 27 de septiembre en Madrid pretende visibilizar esta injusticia estructural que afecta a decenas de miles de profesionales atrapados en mutualidades profesionales. Afirman que han cotizado legalmente, han ahorrado gastos sanitarios al Estado (hasta 2012 no tuvieron derecho a asistencia sanitaria pública) y no son defraudadores, sino ciudadanos con derechos.