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El socialista Ángel González ha decidido romper la calma institucional de El Puerto de Santa María con una acusación tan torpe como insidiosa, consistente en afirmar que el equipo de gobierno liderado por Germán Beardo prefiere los contratos menores a las licitaciones abiertas para supuestamente beneficiar a los suyos. Un gesto teatral de quien, lejos de ser un riguroso fiscalizador de la vida pública, parece más un aprendiz de inquisidor, un niñato en una nueva pataleta, siempre con el dedo tembloroso, incapaz de ver el basurero moral de su propio partido mientras se empecina en buscar polvo bajo la alfombra del contrario.
Las afirmaciones de González no se sostienen ni en la legalidad ni en la lógica. Los contratos a los que alude, perfectamente recogidos en el portal de transparencia (ese que el propio PSOE exige cuando le conviene y desprecia cuando le incomoda), son adjudicaciones menores, ajustadas a derecho, realizadas a una empresa portuense con solvencia técnica acreditada y cuya actividad profesional está fuera de toda sospecha. Ingeniería, diseño técnico, legalizaciones, energía solar… una firma que trabaja, y bien, para la ciudad. ¿Acaso se pretende que El Puerto encomiende sus servicios a empresas de Cádiz o Sevilla para no herir la piel finísima del socialismo local?
Pero el problema no es el hecho, sino el cinismo. El PSOE, en su versión portuense, se envuelve en la toga del rigor y la ética mientras arrastra el fango de los ERE, la FAFFE, las tarjetas de burdel y cocaína, el caso Koldo, Tito Berni, Ábalos, la batuta fake del hermanísimo o la cátedra de Begoña Gómez en la que ni siquiera podría ser ella alumna por falta de título… Un partido convertido en sinónimo de clientelismo institucional y simulacro de moral. Y es ese mismo partido, o su emisario local, el que pretende dictar cátedra desde una superioridad moral impostada, incapaz de hacer autocrítica ni de distinguir entre la legalidad administrativa y la corrupción estructural.
La crítica de González es, en el mejor de los casos, un alarde de miopía; en el peor, un intento deliberado de embarrar el terreno de juego porque no tiene hitos ni logros que enseñar. Ni un solo contrato denunciado ha sido declarado ilegal. Ni una sola resolución ha sido impugnada con éxito. Ni una sola prueba que apunte a trato de favor en sentido delictivo. El propio González se cuida de no hablar de ilegalidades, sólo de insinuarlas, como quien lanza la piedra y esconde la mano para luego decir que sólo jugaba. Es la estrategia del calamar: ensuciar para confundir; calentar sin quemar; difamar, en fin, sin calumniar. Y todo para no volver de hacer pasar a su partido del fango por los tribunales con penosos resultados adversos.
Y si hablamos de pajas y vigas, convendría que el edil socialista repasase las hemerotecas, que recordase quién quebró la confianza del pueblo andaluz durante décadas de régimen, que asumiera que su partido ha sido declarado culpable por la Audiencia Provincial de Sevilla de orquestar el mayor caso de corrupción institucional de la democracia española. Que, por pudor democrático, se abstuviera de impartir lecciones desde una bancada cuya credibilidad está socavada por años de saqueo y compadreo.
Germán Beardo gobierna, actúa y responde. El Puerto, guste o no, ha votado mayoritariamente por una opción de estabilidad y gestión. El PSOE local, mientras tanto, vive atrapado en una nostalgia del poder que ya no tiene (ni tendrá con estos mimbres), incapaz de asumir que la legitimidad no se vocifera, se construye. Y se construye con hechos, no con titulares indignos ni con argumentarios de Twitter o de barra de bar, pegajosa de vermuts y cuñadísimos.
Ángel González debería saber que el desprestigio no se improvisa ni se impone con ruedas ni notasde prensa. La política municipal exige rigor, trabajo y humildad. Virtudes que, a juzgar por sus palabras, le son tan ajenas como la transparencia que dice defender y que le queda tan grande…
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