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Que unas declaraciones del portavoz del PSOE local, Ángel González, sean lamentables, no es nada nuevo, pues el socialista de sienes rapadas acostumbra a prodigarse en estos senderos de impericia reincidente, pero que lo haga cuestionando la actuación de la Policía Local portuense en relación con el cierre de un vial en la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa, merece un examen detallado.
Como don Erre que Erre, sus manifestaciones acerca de la colocación en Vistahermosa de bolardos a modo de barrera demuestran el mayor de los desconocimientos de la normativa aplicable al caso y sobre los procedimientos administrativos, especialmente grave teniendo en cuenta que el propio señor González Arias es policía local en excedencia en otro municipio gaditano. Bueno, parece ser que se puso el uniforme para una sesión fotográfica y poco más en los dos meses escasos que ejerció su labor policial.
Al parecer, la intervención de la Policía Local se realizó de manera rigurosa, profesional y conforme a la normativa vigente. Los agentes, en cuanto tuvieron conocimiento del cerramiento de dicho vial secundario, acudieron al lugar para inspeccionar la zona, identificar al responsable de las obras y documentar la situación mediante fotografías y elaborar un informe detallado.
Tal y como recoge el atestado policial, el encargado de la obra manifestó haber presentado la comunicación pertinente en el Ayuntamiento y disponer de autorización para los trabajos, lo que fue debidamente remitido al área de Urbanismo, que es el órgano competente en este tipo de intervenciones. De este modo, se cumplió estrictamente con el protocolo establecido, sin que se identificara ningún ilícito penal conforme al artículo 385.1 del Código Penal que argumenta el edil socialista, dado que el cierre estaba señalizado y no suponía un obstáculo imprevisible ni un peligro para la circulación.
Que un exresponsable de la Policía Local y policía local en excedencia demuestre tal nivel de ignorancia sobre los procedimientos y competencias de los cuerpos de seguridad municipales, sí que es digno de estar tipificado en más de un código, al menos, en uno deontológico que debería aplicarse a ignorantes con aires sabihondos, pues las acusaciones infundadas no solo dañan la imagen de la Policía Local de El Puerto, sino que también generan una innecesaria alarma social entre sus propios vecinos.
Si el Área Urbanismo portuense detectase alguna irregularidad en el proceso, se podría reabrir y reanudar la investigación sin inconvenientes, pero lo mínimo que cabe exigir al portavoz socialista es que rectifique públicamente sus declaraciones, entre otras cosas, porque ponen en solfa la labor de sus propios compañeros de profesión, y que visto lo visto, conocen mejor que él las normativas aplicables a según qué casos. Habrá que preguntarse entonces, ante tales lagunas legislativas, ¿de qué manera pudo aprobar una oposición y conseguir plaza?
En el municipio en el que efímeramente ejerció de policía local seguro que están rezando para que siga de edil en El Puerto por los siglos de los siglos. En la oposición, por supuesto y por su puesto.
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